Muchos miembros de la comunidad médica y personas desconocedoras de los temas del activismo intersexual seguramente creerán absurdo que las intervenciones quirúrgicas realizadas en bebés, niñxs, adolescentes e incluso adultos intersexuales constituyan malos tratos e incluso sean equiparables a la tortura como práctica sistemática.

La realidad es que desde hace muchos años, décadas, siglos incluso, la comunidad médica se ha erigido como uno de los bastiones clave de la sociedad occidental y de las sociedades periféricas a ella (como, por ejemplo, las de nuestros países de habla hispana). No es una afirmación hecha a la ligera. En Fixing Sex: Intersex, Medical Authority and Lived Experience (Karkazis, 2008), la autora establece que el conocimiento biomédico ha sentado las bases para la distinción de los sexos, especificando las características que permiten clasificar al ser humano ya desde la era victoriana, a fines del siglo XIX, dando lugar así a la sociedad para que tenga elementos sobre los cuales reforzar sus nociones culturales y disipar su ansiedad sobre la composición del cuerpo humano en el juego de definiciones de género, de sexo, de deseo sexual y de comportamiento social. Tomando lo anterior como punto de partida, y sin ánimo de simplificar el dilema, es comprensible que la comunidad médica haya ganado un gran poder sobre la sociedad en lo que respecta a muchos temas concernientes a la salud, y el derecho a decidir qué corresponde a una categoría patológica y qué no, siempre desde su lente clínico. Pero como Leslie Jaye nos comparte en Quiero un lenguaje que hable con la verdad, la realidad es que muchos médicos siguen operando los cuerpos de las personas intersexuales, siendo ellos quienes en mayor medida deciden la conveniencia de asignar género y sexo heteronormativos (es decir, un género y un sexo que coincidan de acuerdo a la noción binaria de la sexualidad). Algún amigo un día me expresó su desacuerdo a una observación que hice, refiriéndome a dichos médicos como «personas con complejo de Dios». Sería míope no reconocer que, en realidad, es a eso a lo que siguen jugando con los cuerpos de seres humanos cuya salud a veces pasa a segundo término por no tratarse de emergencias médicas (una gran mayoría de las características biológicas de personas intersexuales realmente no constituyen una amenaza a su salud o su vida, solo en algunos casos teniendo debidos cuidados). Queda de esta forma expuesta una realidad incómoda: que muchos médicos en países donde se han dado grandes avances en el reconocimiento a la autonomía del cuerpo de las personas intersexuales (y casi todos en otros donde apenas estamos luchando por ganar la visibilidad, que es el reconocimiento de nuestra existencia) siguen interviniendo sin tener el derecho a hacerlo, por más que las leyes (o las lagunas legales) vigentes y los prejuicios sociales los validen.

El Informe de Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adscrito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fechado el 5 de enero de 2016, se enfocó en los casos de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual. Recomiendo ampliamente su lectura, debido a que ofrece una perspectiva inclusiva sobre la vulnerabilidad de estos grupos poblacionales, y cómo los prejuicios y los estereotipos pervaden de forma negativa sobre el comportamiento de grupos mayoritarios de la sociedad hacia nuestras comunidades.

Resalto a continuación los aspectos del informe que a mi juicio son de mayor interés para la comunidad intersexual:

• A las personas intersexuales se les ha sometido a procedimientos involuntarios tales como tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas de normalización genital bajo la apariencia de «tratamientos reparadores». Desde la perspectiva puramente médica, estos procedimientos resultan ser rara vez innecesarios (si no es que nunca), que traen consigo dolor y sufrimiento físico y mental intenso y crónico, equiparables al alcance del relator, esto es, equiparables a la tortura y a malos tratos.

• En muchos Estados, los niñxs con características sexuales que no se ajustan a la definición binaria («caracteres sexuales atípicos», debatiblemente los denomina el Relator) son sometidxs a prácticas irreversibles como operaciones de reasignación de sexo, esterilizaciones involuntarias e intervenciones cosméticas para normalizar sus genitales (es decir, ajustarlos a la imagen de lo que la sociedad espera que sea masculino o femenino), sin el consentimiento informado de los padres, ya por no decir de lxs propixs niñxs. Esto contribuye a su estigmatización, y conlleva un gran sufrimiento psíquico. En algunos Estados, por la prevalencia de tabúes y estigmas, se llega al asesinato de lactantes intersexuales.

Al final del informe, el relator enlista una serie de conclusiones y recomendaciones a los Estados miembros de la ONU, obligados a prevenir y combatir la violencia de género y la discriminación hacia las comunidades LGBT e I, dejando muy en claro que tales actitudes son equivalentes a tortura y malos tratos, presentes en contextos públicos (regulados por el Estado) y otros (privados, etc.) Una de las recomendaciones menciona que debe derogarse cualquier ley que autorice la intervención quirúrgica con fines de normalización genital forzada, o sin el consentimiento libre e informado del paciente (no paciente en función de padecer una condición patológica, sino paciente en función de ser tratado como tal).

No podemos, como sociedad, seguir cerrando los ojos a la realidad de que estamos permitiendo que nuestros miedos y prejuicios se impongan a los derechos de los intersexuales recién nacidos. El principal derecho de nuestra comunidad es el derecho a la autonomía del cuerpo, es decir, a decidir cómo vivirlo, a tomar parte de las decisiones sobre la pertinencia de cirugías cosméticas (llamadas «normalizadoras» por el relator). Mientras la inmensa mayoría de la comunidad médica niegue a reconocer la existencia de este derecho, se obstine en imponer su opinión particular sobre la asignación de género y de sexo, incluso persista en discriminar a los propios padres por su origen socioeconómico o formación académica para así justificar el sus acciones, y mientras la sociedad no vea y desconozca a la comunidad intersexual (o la conozca pero mire hacia otro lado para validar implícitamente y volverse cómplice de esta violación), seguiremos siendo testigos de más relatorías sobre este tipo, y seguiremos conociendo de historias de personas intersexuales aquejadas por las «atinadas» intervenciones padecidas y sus consecuencias físicas y mentales.